La investigación del caso Neurona depara otra sorpresa en su recta final. El consultor Aleix Sanmartín, que trabajó para el presidente andaluz Juan Manuel Moreno (PP) y para el PSOE, se ha postulado para elaborar el informe clave de las pesquisas. El magistrado Juan José Escalonilla lleva más de un año buscando un perito que le confeccione dicho documento, que debe calcular el precio de los trabajos prestados para Podemos por la empresa mexicana Neurona en las elecciones generales de abril de 2019, para compararlo así con los 363.000 que pagó el partido. El instructor propuso al propio Sanmartín el pasado noviembre, pero el consultor no le respondió “hasta hace unos días”, según explica él mismo.
Tras recibir la negativa de media docena de profesionales de asumir el encargo, el juez Escalonilla dictó una resolución el 4 de noviembre donde subrayaba que “había tenido conocimiento de la existencia” de seis “consultoras electorales” que “pudieran estar capacitadas para la realización del informe pericial”, y ordenaba que se contactara con ellas “a fin de que comuniquen si aceptan el cargo para la realización de dicho informe”. Entre esas seis se encontraba la de Aleix Sanmartín, uno de los expertos que ayudó a Juan Manuel Moreno Bonilla a conseguir la mayoría absoluta en Andalucía en 2022 y que ha desarrollado una herramienta para el PSOE, según publicó EL PAÍS.
En conversación con este periódico, Sanmartín detalla que recibió un email del juzgado ofreciéndole el encargo, pero que entonces tenía mucho trabajo y no pudo contestar. Sin embargo, hace unos días, sí lo hizo: “Respondí diciendo que me disculpaba, que no había podido responder antes y que ya estaba más libre de carga laboral, y que estoy a disposición de lo que me digan”. Según añade, aún no ha obtenido una “respuesta” o “notificación” a esta comunicación que mandó a Escalonilla.
En su web, Sanmartín se define como “estratega político”. Según indica, ha trabajado para dirigentes de primera línea, como Andrés Manuel López Obrador, actual presidente mexicano; José Luis Rodríguez Zapatero y Tabaré Vázquez, expresidentes de España y Uruguay respectivamente. “En España, diseñó la estrategia que hizo presidente de Andalucía a Juan Manuel Moreno. También ha trabajado con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig”, dice su página de internet.
A la espera del perito
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El magistrado abrió el caso Neurona en el verano de 2020, tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos —José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula—. Escalonilla imputó entonces a altos cargos de la formación y al propio partido como persona jurídica, emprendiendo después hasta diez líneas de investigación por, entre otros asuntos, supuestos sobresueldos, sobrecostes en la obra de la sede o el bautizado como caso Niñera, la derivada centrada en un presunto delito de administración desleal por la presunta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias.
A día de hoy, nueve de esas líneas de investigación se han cerrado. Solo queda viva la principal, que aborda la relación de Podemos con la consultora mexicana Neurona. En un primer momento, el juez sospechaba que la formación pagó a la consultora 363.000 euros por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de trabajos hechos por la empresa latinoamericana, el magistrado Escalonilla dio un giro a las pesquisas y ahora indaga si se infló el precio que se abonó a Neurona. Para ello, quiere que se encargue ese informe pericial, que calcule cuál debía ser el coste.
Pero conseguir ese análisis se ha convertido en un quebradero de cabeza para el magistrado, que trata de sacarlo adelante desde noviembre de 2021. El magistrado lo considera una pieza clave, pero tanto la Fiscalía como Podemos afirman que no servirá para mucho. “Entendemos que la formación puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”, dijo el ministerio público. “Los precios no son tasas o aranceles […] No es lo mismo elaborar productos puntuales que tener un equipo de campaña completo que pueda cubrir todas las áreas, a disposición 24 [horas al día] / 7 [días a la semana] […] Ni todos los despachos ni todos los profesionales cobran lo mismo por sus servicios”, añadió la fuerza política de izquierdas.
El pasado 27 de julio, el juez ya dio por cerrado el plazo de instrucción de la causa, pero aún no ha decidido si la archiva o procesa a alguien. Según indicó entonces, no lo hará hasta que reciba el informe pericial para el que busca autor.
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