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La sombra por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción que desde 2021 se cernía sobre una treintena de investigadores del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha comenzado a desvanecerse. Un juez de un tribunal colegiado ha confirmado la sentencia dictada desde enero pasado por el juez Gregorio Salazar, quien ordenó el cierre del proceso contra José Franco, Julia Tagüeña, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla, y ha ordenado que el proceso sea cerrado y archivado. Esta sentencia deriva de un recurso de impugnación que presentó la Fiscalía en su empeño por sentar ante el banquillo de la justicia a los implicados. El magistrado del tribunal colegiado ha argumentado que los hechos investigados en la carpeta no son constitutivos de delito. El Ministerio Público ya no tiene posibilidad de apelar.
A más de 20 meses de que comenzó el polémico proceso, el poder judicial ha dado la razón a los cinco investigadores que solicitaron el sobreseimiento de su caso. Este fallo supone un duro revés para la Fiscalía y para uno de los casos más polémicos que ha llevado desde agosto de 2021. Ese año, el Ministerio Público a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión contra los 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación de la Fiscalía se derivó a partir de una denuncia del Conacyt por presuntas asignaciones millonarias e irregulares entre los exmiembros del Consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) —asociación que sirvió como órgano asesor máximo órgano rector de la ciencia—durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En la denuncia presentada por el Conacyt se acusaba del desvío irregular de unos 240 millones de pesos. Los desacuerdos entre el Conacyt y el Foro datan de finales de 2019, cuando el máximo órgano federal de la ciencia en México cuestionó el presupuesto otorgado a esta asociación civil y decidió dejar de entregarlo. El Foro, en ese entonces dirigido por Julia Tagüeña, presentó y ganó el amparo para seguir recibiendo el presupuesto federal, sin embargo, un año después el Conacyt decidió cambiar sus estatutos internos para liberarse de la obligación de dotar de recursos a este organismo.
Los cinco científicos que estaban en la diana han desempeñado una intensa carrera académica: Tagüeña y Dutrénit fueron coordinadoras generales de la asociación, De León fungió como directora de comercialización de tecnologías del Conacyt, Bonilla fue secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y el doctor Franco presidió la Academia Mexicana de Ciencias de 2012 a 2014.
Tras meses de análisis de un expediente con más de 600 fojas, audiencias y declaraciones cruzadas entre la comunidad científica y el mismo presidente de México, López Obrador, el pasado enero el juez federal Gregorio Salazar ordenó el cierre del proceso para los cinco investigadores ahora implicados, sin embargo, días más tarde la Fiscalía impugnó el fallo ante un tribunal colegiado, el mismo que ahora ha confirmado la resolución previa de carácter de exoneración a favor de los cinco investigadores. El sobreseimiento o suspensión de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa, tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria, por lo que el Ministerio Público ya no puede investigarlos ni acusarlos por los mismos hechos.
El juez de control del Estado de México expuso que el Ministerio Público no presentó argumentos para demostrar la incorrección del primer fallo. “La parte apelante de modo alguno combatió de manera directa y sustancial, como está obligada, los razonamientos torales de la primera instancia”, expuso. Entre los señalados cuyo proceso continúa figura el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, y Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM. Sin embargo, el cierre definitivo del proceso para estos cinco científicos supone una fisura en el controvertido caso que llevó a la Fiscalía a enfrentarse con la comunidad científica del país.
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