Un juez federal ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar la investigación a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, para determinar su responsabilidad en las muertes ocasionadas por la pandemia de covid-19. Javier Coello Trejo, el abogado que llevó al funcionario ante la justicia por primera vez, acusa al subsecretario de Salud de “falta de deber de cuidado, negligencia y falsos informes dados a la población”. La reapertura de la investigación llega un día después de que el subsecretario declarase el final de la emergencia sanitaria en México, después de tres años de que se declarase la emergencia sanitaria.
La denuncia que ha desatado esta resolución fue presentada en noviembre del año 2020 por el despacho de abogados de Coello, tras la muerte por el virus del ciudadano Felipe Jiménez Pérez. Los abogados de la familia acusaron entonces a López-Gatell y a la Secretaría de Salud por “no haber cumplido sus obligaciones” y ocasionar “la muerte de miles mexicanos” y, en específico, del señor Jiménez. La Fiscalía analizó el caso y determinó, en diciembre de aquel año, que no investigaría el caso porque consideraron que los hechos “no eran constitutivos de delito”. El juez Arturo Medel ha recovado esa resolución, así que López-Gatell vuelve a estar bajo investigación por sus actuaciones durante la pandemia.
Desde el desembarco de la covid-19 en México, el subsecretario ha sido la cara visible del Gobierno federal en la lucha contra el virus, lo que le ha convertido en el blanco de alabanzas y acusaciones por su gestión de la pandemia. Mucho más que el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, que apenas aparecía durante las conferencias que se daban todas las tardes para actualizar las cifras y las nuevas normas para enfrentar el virus. Fue el subsecretario el que recibió las críticas por su actitud inflexible en algunos aspectos, como el uso de la mascarilla, o la persistencia con que pedía a los ciudadanos quedarse en casa si los síntomas no eran graves.
En esta nueva resolución, el juez ha pedido a la Fiscalía que llegue hasta el fondo del asunto, y subraya que en ningún momento se impidió a los extranjeros entrar a México en el que caso de que no estuvieran vacunados, aunque se admitió que el primer contagiado provino de fuera del país. También lamenta que ciertas actividades consideradas como esenciales para la economía del país, como el transporte público, actividad a la se dedicaba el padre de la víctima, no fue suspendida. “La Fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación”, escribe el juez. Admite que el asunto “es bastante complejo, pero precisamente por eso amerita que los diversos operados, tengan empatía”.
Aunque las cifras de muertos por la pandemia se mantienen en el orden de los 330.000, la secretaría de Salud admite que puede haber una parte importante que no haya sido contabilizada. Si se calcula el número de fallecidos a través del indicador de exceso de muertes, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, las cifras superan con creces las publicadas por la secretaría. La diferencia entre los muertos que hubieran sido normales y los muertos que realmente hubo en los años de la pandemia indica que podrían haber fallecido por el virus el doble de personas: 650.000. La propia secretaría de Salud asegura que el 77% de estos fallecimientos pueden estar asociados a la pandemia.
Pese a todo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado este martes el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria por covid-19 en el país, cuatro días después de que la OMS anunciara el final de emergencia a nivel internacional. López-Gatell, de nuevo en la tribuna, informó que México ya cumple con las características determinadas por el organismo internacional para suspender la emergencia sanitaria: tendencia baja de contagios y fallecimientos, y altos niveles de inmunidad entre la población.
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