La defensa de Jesús Murillo Karam lleva meses buscando un permiso, por motivos de salud, para que su cliente pueda salir de la cárcel y espere en su casa la llegada del juicio. La estrategia de momento no termina de funcionar y, sin embargo, la mochila de cargos en su contra sigue engordando. Un juez federal decidió la madrugada de este sábado vincular a proceso a Murillo Karam por nuevos cargos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. El exprocurador general durante la primera parte del Gobierno de Peña Nieto lleva en prisión desde agosto del año pasado acusado ya de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. El priista es hasta ahora la figura de mayor peso político sentanda en el banquillo tras el impulso de las investigaciones sobre el caso llevado a cabo por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tras una larga audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur, que había empezado por la tarde el viernes y se prolongó durante más de 10 horas, el juez dio por buena la versión de la Fiscalía (FGR), que había acusado a Murillo Karam de ser responsable de las torturas a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, supuesto sicario de Guerreros Unidos implicado en la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa sucedida en 2014.
En cuanto al delito de desaparición forzada, el juez lo aceptó en la modalidad “temporal”. Es decir, durante las cuatro horas y media que pasaron desde su detención hasta la puesta a disposición ante el juez. En ese lapso de tiempo se habrían producido las torturas en las instalaciones de la antigua Procuraduría General de la República. Los informe médicos que registran que El Cepillo tenía 31 lesiones y en tres zonas del cuerpo. La Fiscalía también había acusado a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, pero finalmente fue descartado por el juez.
Estos nuevos cargos se suman a los tres del año pasado. El juez procesó al exprocurador por imponer una línea de investigación parcialmente falsa, la llamada verdad histórica, que impidió seguir buscando a los 43 estudiantes desaparecidos. Esto, con el objetivo de atajar el “clamor social” que había provocado el caso. Murillo Karam también está procesado por permitir y evitar denunciar la tortura que infringieron sus subordinados a cuatro detenidos por el caso. Y por último, por organizar la manipulación de una de las presuntas escenas del crimen, el paraje del Río San Juan, donde sus secuaces hallaron restos de uno de los estudiantes.
Casi 10 años después del suceso, uno de los que mayor impacto político y emocional ha provocado en el país, la investigación del caso tomó un nuevo impulso con el Gobierno de López Obrador. La creación de una comisión gubernamental y un fiscal especial desembocó el hallazgo de nuevos restos de los 43 y en un puñado de detenciones, entre ellas las de varios militares y el propio Murillo Karam. Aquellos avances se vieron sin embargo frenados a finales del año pasado por la polémica salida del fiscal especial, entre fuertes presiones de la FGR, y la cancelación de un puñado de órdenes de arresto.
En este contexto, el nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, se ha marcado como prioridad llevar a buen puerto la acusación contra Murillo Karam. El caso aguarda el inicio de la etapa intermedia, en que la FGR presentará las pruebas que sustentan sus acusaciones. Los abogados de Murillo han estado difiriendo los tiempos pidiendo a la Fiscalía que incorpore testimonios de nuevos actores vinculados al caso. Por otro lado, la defensa del exprocurador ha estado apostando a la baza de la prisión preventiva domiciliaria.
En este año largo de encarcelamiento, Murillo Karam, de 75 años, ha sido trasladado a un hospital debido a una enfermedad obstructiva pulmonar y problemas cardiovasculares. Hasta el momento, la Justicia ha rechazado que lleve su proceso legal en su casa por el riesgo de fuga.
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