Un juez federal ha ordenado cerrar el proceso contra cinco de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción. El juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Penal del Altiplano, en el Estado de México, resolvió el pasado 13 de enero el sobreseimiento del proceso penal a favor de Julia Tagüeña, José Franco, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla. De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, el sobreseimiento o suspensión de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa, tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria, por lo que el Ministerio Público ya no puede investigarlos ni acusarlos por los mismos hechos.
Tras 16 meses de idas y venidas en tribunales, cinco de los 31 investigadores implicados en el polémico caso han logrado este fallo a su favor. De acuerdo con el despacho Del Río y Moreno de Leija, que representa a algunos de los científicos implicados, la Fiscalía ya no puede impugnar esta orden, por lo que finaliza de forma permanente el caso para los cinco investigadores del Conacyt. Este viernes venció el plazo para que el Ministerio Público, a cargo de Alejandro Gertz Manero, presentara un recurso de impugnación, pero los abogados defensores no recibieron ninguna notificación de ello.
Alberto del Río Azuara, abogado defensor de tres de los implicados, explica a EL PAÍS, que la decisión del juez de sobreseimiento da cuenta de que la Fiscalía se excedió en su ámbito ético y jurídico al pretender obtener órdenes de aprehensión contra los 31 científicos indagados cuando estas deben ser concedidas solamente cuando existe la necesidad de cautela, cuando hay gente que ha evadido la acción de la justicia. “La Fiscalía actuó apresuradamente, quizás con información que la parte denunciante (el Conacyt) le proveyó y con escaso prurito jurídico penal. La solicitud de la Fiscalía de las órdenes de aprehensión fue un exceso”, zanja.
Tagüeña y Dutrénit fueron coordinadoras generales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). El doctor Franco, fungió como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de 2012 a 2014; Teresa de León Zamora, maestra en Ciencias de la Comercialización de Tecnología, fue directora de comercialización de tecnologías del Conacyt y Marcial Bonilla fue secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Debido a que cada proceso se lleva de manera individual, por el momento, las pesquisas contra los investigadores restantes sigue en curso. Salazar Hernández fue el mismo juez que en septiembre de 2021 se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, afirmando que los hechos investigados por la Fiscalía no pueden ser analizados a la luz del derecho penal, y, por tanto, no son delictivos.
En septiembre de 2021, la Fiscalía comenzó un proceso penal tras unas denuncias presentadas por el Conacyt —el órgano rector de la ciencia en el país—, por supuestos actos ilegales en la asignación y manejo de los recursos públicos otorgados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), un órgano de consulta en materia científica para el Gobierno Federal. En este entonces, el Conacyt aseguró que durante la pelea por los presupuestos anuales se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FFCyT desde distintos fideicomisos del Conacyt.
Los señalamientos tenían como punto de partida el presupuesto de más de 240 millones de pesos que recibió el Foro Consultivo. La Fiscalía esgrimió en su acusación que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Conacyt financió ilegalmente al Foro. El Ministerio Público se refirió en ese entonces al FCCyT como una empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos para después favorecerse de ella. Sin embargo, el juez federal Salazar Hernández se negó desde el primer momento a dictar las órdenes de aprehensión contra los 31 científicos, como lo pedía la Fiscalía, al considerar que los hechos imputados no correspondían a los delitos que se pretendía atribuir a los indiciados.
Entre los científicos que aún están en el banquillo de la justicia por este caso se encuentra aún el director general del Conacyt de 2013 a 2018, Enrique Cabrero. Entre la treintena de investigadores señalados por la Fiscalía, seis eran integrantes del Foro Consultivo y unos 25 exfuncionarios del Conacyt, entre investigadores y personal administrativo.
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