Un motín en un penal de Ciudad Juárez (Chihuahua) ha ocasionado la muerte de 14 personas, diez de ellos carceleros y cuatro internos, según las informaciones preliminares que aún no han sido confirmadas oficialmente. La revuelta, que ha permitido la fuga de una veintena de presos, se ha producido aprovechando la visita de los familiares al centro penitenciario, que siguen lo sucedido con gran preocupación y sin información precisa de las autoridades. La Fiscalía ha dado por controlado el motín, pero no ha señalado aún las consecuencias del mismo. Los medios locales han reportado la llegada al Cereso 3 de al menos seis camionetas con personal armado que trataban de liberar a los internos, lo que desató una balacera, quema de muebles y colchones al interior del penal y el caos consiguiente.
La Fiscalía ha informado de que el Ejército, la Guardia Nacional, agentes estatales de Investigación “colaboran para devolver la tranquilidad” en el reclusorio. Aunque no han confirmado si hay muertos, el Ministerio ha comunicado que “personal del servicio médico forense y de servicios periciales realizan las labores correspondientes” en el interior de la cárcel.
En la mañana, el alcalde de la localidad, Cruz Pérez Cuéllar, ha dicho a los medios de comunicación que había tres presuntos delincuentes muertos y cinco detenidos y que se habían decomisado 14 armas largas. No quiso informar sobre el saldo del motín al interior de la cárcel, porque le corresponde a la Fiscalía. Informó, asimismo, de que los altercados no han tenido reflejo en otras partes de la ciudad, como ha ocurrido en recientes ocasiones, y que se mantienen alertas.
El centro estatal de reinserción social (Cereso) número 3, que así se llama, vivió otro motín el pasado 11 de agosto que derivó en ataques armados contra la población en las calles de la ciudad fronteriza, lo que ocasionó 11 muertos, entre ellos un niño de 4 años. El pavor se extendió entre la ciudadanía a quienes las autoridades sugirieron permanecer en sus casas, muy tarde para quienes ya se encontraban fuera. Dos mujeres fallecieron al incendiarse el local en la que trabajaban, y cuatro más fueron acribillados a las puertas de una pizzería, entre ellos, un locutor de radio, Alan González y tres compañeros. A ellos se sumaron los internos que fallecieron en el motín previo.
La pelea entre dos grupos criminales apoyados por los grandes cárteles, los Mexicles y los Chapos, fue el detonante del caos que posteriormente corrió por toda la ciudad en un alarde de fuego que dejaba un mensaje de poderío a las autoridades civiles. Tanto la gobernadora del Estado, Maru Campos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentaron lo sucedido. No era la primera vez que la población civil se tomaba como blanco para sembrar el terror y demostrar fuerza, pero en esta ocasión el caos y las muertes aleatorias por toda la ciudad alertaron a los políticos. Ya nadie podía decir que el narco desataba sus propias guerras. Todo el mundo estaba en riesgo. El mensaje había calado.
Los motines en las cárceles y la liberación de presos son comunes cuando el crimen organizado trata de “calentar la plaza”, como se conoce a estas peleas por el control del territorio para sus actividades delictivas.
Ciudad Juárez no fue en esos días la única población en pánico por los ataques, también se dieron en Tijuana, Tecate y Mexicali. Y días antes en Guanajuato y Jalisco. En apenas una semana, los cárteles pusieron en jaque a todo el país, revelando, de nuevo, las precarias condiciones de seguridad que se viven en México y por las que tantas veces se ha criticado la estrategia que en esta materia ha implementado el Gobierno, inexistente, según critica la oposición. El lema del presidente de “abrazos, no balazos”, desde el inicio de su mandato, en contraposición con anteriores sexenios de luchar abierta entre las fuerzas de seguridad y los cárteles, no ha mejorado sustancialmente las cifras de homicidios. Numerosos Estados viven atrapados en una espiral de violencia que cada día deja un promedio de 100 muertes.
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