Un testigo muerto, un acuerdo reparatorio que no llega a buen puerto y negociaciones que no acaban. El caso de Emilio Lozoya, una de las insignias de la lucha anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se empantana sin un destino claro. Este viernes estaba programada una audiencia por el caso por la compra de Agronitrogenados, en el que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) está acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para librarse del proceso judicial, su abogado ha dicho que buscaban llegar a un acuerdo con la petrolera y pagar 3,4 millones de dólares para resarcir el daño económico. Pero la jueza decidió diferir la audiencia por 10 días debido a la muerte de Edgar Torres, un exfuncionario de Pemex y testigo clave, y ha dejado de momento en suspenso el estatus judicial de Lozoya.
La jugada la ha dado unos días de aire al exdirector de Pemex, que quiere desde hace meses cerrar un acuerdo reparatorio. En la anterior audiencia, en abril pasado, Lozoya estuvo al borde de acordar una cifra con la petrolera, pero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quién ordenó a último momento frenar el acuerdo y realizar una auditoría para calcular el daño del perjuicio a las arcas públicas. Según explicó este viernes el abogado defensor, Miguel Ontiveros, Lozoya ha mantenido siempre la postura de colaborar con la Fiscalía General de la República. “Para concluir el acuerdo reparatorio, la jueza nos ha concedido este plazo”, ha dicho.
El motivo formal del aplazamiento fue la muerte de un testigo clave para la defensa de Lozoya, además de la solicitud para revisar más de 3.000 hojas de pruebas que presentó la Fiscalía en los últimos días. En este caso, se le acusa de haber permitido la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio por parte de la petrolera estatal en enero de 2014 a la siderúrgica Altos Hornos, a cambio de millones de dólares de sobornos pagados por la empresa.
Torres, que murió en su casa aparentemente de un infarto, fue un subordinado de Lozoya que estuvo a cargo de Pemex Fertilizantes, una empresa creada a partir de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Para algunos allegados a la causa, que prefieren mantener el anonimato, este hombre era el “colaborador que le ayudó a estructurar la adquisición de la planta” de Agronitrogenados. Sin embargo, califican como “una burla” que se haya diferido la audiencia por su muerte, debido a que lo consideran más que testigo, “un colaborador” del exdirector de Pemex. Además, señalan que todos los movimientos de la compra de la planta quedaron registrados en “un mundo de papeles” y que “sobran los documentos” probatorios del delito.
Por esta misma causa, el empresario Alonso Ancira aceptó pagar un acuerdo reparatorio de 216,6 millones de dólares para librarse de la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le fincaba la Fiscalía. El máximo accionista del poderoso Grupo Acerero del Norte, propietario a su vez de Altos Hornos, admitió entonces haber realizado aquellos sobornos a Lozoya, una afirmación que recae como una loza sobre la defensa del exdirector de Pemex.
El próximo lunes Lozoya deberá volver a los tribunales para enfrentar una audiencia en esta ocasión por el caso Odebrecht, la otra causa judicial que le mantiene en prisión desde hace un año. En ese proceso se le acusa de haber orquestado una red de sobornos pagados por la constructora brasileña para recibir beneficios y sacar adelante la reforma energética. Ante esa acusación, Lozoya solicitó acceder a un criterio de oportunidad que le de beneficios a cambio de colaborar con la justicia.
La abogada Adriana Greaves, de Tojil, subraya que de alcanzar un acuerdo reparatorio o conseguir un criterio de oportunidad, Lozoya y la Fiscalía “estarían llegando a un acuerdo ilegal” porque no son beneficios que se puedan aplicar en este tipo de acusación. “Los delitos de corrupción estaban diseñados para que no cayeran en estas figuras”, señala. Un ejemplo de ese acuerdo que no está contemplado en la ley es el del propio Ancira en el caso Agronitrogenados. “Es que solamente hay una simulación, dicen: ‘estamos persiguiendo la corrupción’, pero en realidad están simulando justicia”.
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