Un fémur cambió la vida de la familia Castillo. Un viernes, el 15 de marzo de 2011, Baudilio Alexander, de 20 años, abandonó su aldea en Jumaytepeque, Guatemala para buscarse una vida mejor y trabajar en Luisiana. Dos semanas después, sus familiares perdieron contacto con él y al cabo de otro par de semanas, su padre leyó en el periódico que habían sido encontradas 48 fosas clandestinas en San Fernando, en el Estado mexicano de Tamaulipas, en pleno corredor migratorio a Estados Unidos. “Ahí empezó nuestro calvario”, contaba su padre Baudilio Castillo, como tantas veces lo ha hecho, durante un foro en México a finales del año pasado. “Este es mi hijo, hallado en el 2011, en la fosa número uno, como el cadáver 14″, relataba el hombre, mientras sostenía una fotografía. Tan solo desde 2014 han desparecido casi 7.000 migrantes en todo el continente, más de 4.000 en la frontera entre México y EE UU, según estimaciones de Naciones Unidas.
Saber que el cadáver 14 era Baudilio Alexander tomó tiempo. En octubre de 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización no gubernamental que ha colaborado en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, firmó un convenio con la Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República para identificar 200 cuerpos encontrados en fosas del norte de México, la mayoría en San Fernando. Poco después, una delegación de especialistas viajó a Guatemala a tomar muestras de sangre de Baudilio Castillo para armar un perfil genético. Se peleó también para que los restos exhumados en Tamaulipas no fueran cremados y su ADN pudiera ser comparado. Tras años de angustia, Baudilio Alexander fue identificado y eventualmente repatriado para que su familia pudiera velarlo.
Este es uno de los 283 migrantes no localizados que han logrado ser identificados hasta la fecha gracias a los esfuerzos del Proyecto Frontera, una coalición liderada por el EAAF en la que participan organizaciones no gubernamentales, colectivos de búsqueda de desaparecidos y autoridades de Estados Unidos, regiones de México, Honduras y El Salvador. “Este trabajo demuestra que es una situación objetivamente difícil de búsqueda y también muy dolorosa, pero no imposible” afirma Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del EAAF.
“El proyecto surgió en 2009, de forma un poquito inesperada”, cuenta Doretti, en entrevista telefónica. Los forenses argentinos ya llevaban trabajando cinco años en casos de feminicidios en Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la violencia en la frontera norte de México. “Nos dimos cuenta de que había muchos restos femeninos sin identificar”, recuerda, “había 50 restos que no coincidían con ninguna de las familias de muchachas desaparecidas con denuncia en Chihuahua”. Surgieron nuevas hipótesis, probablemente se trataba de mujeres cuya desaparición había sido denunciada en otro Estado o en otro país o gente que había llegado a trabajar a las maquilas o que buscaba cruzar el muro en busca de oportunidades. En ese punto, los especialistas se convencieron de que la variable de la migración era clave para entender lo que estaban viendo.
Pedir las listas de desapariciones de mujeres en los Estados que más migran a Juárez y al Estado de Chihuahua parecía una tarea sencilla. Pero lo que resultó realmente complicado es que en 2009 había muy poca información genética en México y Centroamérica, no existían bancos nacionales de ADN y los escasos recursos que se tenían estaban desperdigados en bases aisladas por toda la región. “La cantidad y calidad de datos era muy pobre, no estaba organizada y era muy difícil identificar personas”, comenta Doretti. El proyecto fue concebido como una especie de puente entre quienes buscaban y la información de aquellos que no estaban: las familias y sus desaparecidos. Entre las morgues de los lugares de destino y las comunidades expulsoras de migrantes. Entre restos que eran enterrados en fosas comunes o en panteones municipales “sin nombre” y la posibilidad de usar la ciencia para encontrar una nueva esperanza, el último recurso en la búsqueda de un familiar.
Un año más tarde, se establecieron los primeros bancos de datos forenses de migrantes no localizados a través de la ruta migratoria. Una parte del trabajo también era acercarse a las familias y tomar varios perfiles genéticos a partir de su sangre o su saliva para poder compararlos con los restos que se encontraban en el terreno. También se hacen entrevistas para obtener información sobre las personas no localizadas: su nombre, fecha de desaparición, país de origen y otros datos relevantes. Finalmente, se buscan coincidencias entre los perfiles por medio de software. “Los familiares nos recibieron con los brazos abiertos”, asegura Doretti.
Además de la fragmentación de la información, uno de los principales escollos fue la resistencia de muchas autoridades de dar acceso a sus bases de datos en los países donde los restos eran encontrados. En el caso de Estados Unidos se solicitó en 2018 que explicara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por qué no permitía el acceso y el cruce de datos a los forenses. También se libraron batallas legales para evitar que restos fueran cremados y se perdiera la información genética de los cuerpos o para obtener información de cadáveres a los que no se habían tomado muestras. “En el caso de Texas o Chiapas empezamos a exhumar cuerpos”, afirma. “Es una tarea enorme, pero hay que hacerlo”, agrega.
Entre 2010 y noviembre de este año han sido identificados 123 migrantes que desaparecieron en México y 159 en Estados Unidos, principalmente en Arizona y Texas. Entre las personas encontradas había 109 mexicanos, 61 hondureños, 58 salvadoreños y 45 guatemaltecos. También han colaborado con familias de Nicaragua, Perú, Costa Rica, Brasil y Ecuador. “Tenemos un porcentaje de identificación de entre el 10% y el 15%”, señala Doretti.
Pero el potencial es enorme porque se han logrado reunir perfiles genéticos de 1.919 migrantes y de 4.948 donantes de 1.817 familias. Si la red de Proyecto Frontera crece y hay un mayor intercambio de información en toda la región implicada en el fenómeno migratorio “puede haber muchísimas más identificaciones”, dice la forense. En 2022, se ha tomado un 34% más de muestras de migrantes desaparecidos que el año anterior y los donantes han crecido un 43%.
“El principal problema es de política pública, es la voluntad política de los países involucrados en ponerse de acuerdo para obtener información y compartirla” , reconoce Doretti. “No es fácil y hay mucho por hacer, pero 10 años atrás esto parecía imposible y hoy es una práctica de todos los días”, concluye la forense. En uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo, la esperanza es encontrar una coincidencia que acabe con años de angustia y dé la verdad y la justicia que miles de familias de la región anhelan.
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