Una jueza federal impide a la UNAM resolver el caso del presunto plagio de Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no va a poder resolver el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Así lo ha decretado la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga, que ha otorgado a Esquivel la suspensión definitiva mientras se resuelve el juicio de de amparo promovido por ministra. Esta medida cautelar impide a la UNAM aclarar —de momento— qué ocurrió con el trabajo que Esquivel presentó en 1987 y que era igual al que publicó un año antes el estudiante Edgar Ulises Báez. La universidad tiene aún la posibilidad de recurrir la decisión ante un tribunal colegiado, que tendrá la última palabra. En la parte pública de la resolución no se especifica si la casa de estudios podrá emitir opiniones al respecto de la investigación.

El pasado 13 de febrero, uno de los representantes legales de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso una demanda contra la UNAM por presuntamente haber vulnerado su “derecho al honor, a una adecuada defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la legalidad”, según se lee en el documento presentado. La demanda es contra cinco autoridades: el rector Enrique Graue, el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, el presidente del Comité Universitario de Ética y el propio Comité de Ética, y el Comité de Integridad Académica y Científica.

En el escrito, la jueza reclama el primer díctamen técnico, que emitió el Comité de Integridad Académica y Científica, en el que se certificaba que el trabajo de Esquivel era “una copia sustancial” del presentado en 1986 por Báez; la orden de revisión del “asunto de la tesis copiada”, que emitió Graue el 20 de enero y el oficio en el que se solicita la intervención del Comité Universitario de Ética, y también se reclaman los oficios que el mismo comité de ética envió a Esquivel para que participara en el proceso de investigación.

El abogado de Esquivel apunta, además, directamente contra el rector por haber calificado el hecho como un plagio, “sin fundamento ni existir pruebas que acreditaran tal extremo, ni mediara procedimiento en el que fuera garantizado el derecho de defensa de mi poderdante, y sólo con apoyo en el Dictamen Técnico que elaboró el Comité de Integridad Académica”: “Ha causado a mi poderdante un grave daño moral y una afectación trascendente a su derecho al honor”.

Ante estas presuntas violaciones, Esquivel solicitaba a los responsables de emitir la resolución que “se abstengan hasta que se decida si su proceder ha sido o no apegado al mandato constitucional”. Esta suspensión, que fue concedida la semana pasada de forma provisional por la jueza y este martes de forma definitiva, permite que la investigación sí continué, pero impide que concluya hasta que no se resuelva el juicio de amparo.

“Se concede la suspensión provisional solicitada por la quejosa para el efecto de que, si efectivamente se encuentra sometida a algún procedimiento administrativo (con independencia de su naturaleza), no se dicte resolución final en éste; es decir, que la autoridad responsable continúe con dicho procedimiento, pero se abstenga de dictar la resolución definitiva, hasta en tanto se resuelva la presente incidencia, siempre y cuando no se haya emitido dicha determinación”, se dictó el pasado 15 de febrero. Este miércoles no se ha hecho público el escrito de la jueza sobre la suspensión definitiva.

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