La localidad guipuzcoana de Zumarraga, a 58 kilómetros de San Sebastián, se ha convertido en nuevo ejemplo de expansión de las energías renovables. Igual que las placas solares son utilizadas para construir megaparques fotovoltaicos o cubrir tejados de particulares, también están impulsando nuevas formas de organizarse entre los ciudadanos en comunidades energéticas como la que funciona en este pueblo de 9.800 habitantes. En Zumarraga ya son 178 hogares los que están enchufados a un sistema de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales que, además de producir electricidad sin contaminar, generan un ahorro medio de 500 euros al año para las familias y de 2.500 euros para los comercios. Sin embargo, esta comunidad energética resulta especialmente interesante porque está sirviendo de modelo para una transformación a una escala mucho mayor en toda la provincia. La Diputación de Gipuzkoa se ha propuesto implantar esta fórmula a lo largo de este año en un total de 36 localidades, de las cuales una decena superan los 5.000 habitantes y están gobernadas por formaciones de todos los colores políticos. Si se cumplen las previsiones, 5.000 familias se verán beneficiadas.
El modelo que funciona en Zumarraga está implantado ya en dos pequeños ámbitos rurales (Orexa y Larraul) y el plan de expansión ha arrancado en otras poblaciones más populosas, como Lasarte-Oria, Urnieta y Andoain. De todas ellas, el proyecto más ambicioso es el de Lasarte-Oria, porque se quiere proporcionar energía solar al conjunto del pueblo (18.000 vecinos). Aquí, a solo seis kilómetros de San Sebastián, se van a instalar 1.211 placas solares (545 kilovatios de potencia) en seis inmuebles públicos que podrán abastecer a 818 viviendas. “Lasarte-Oria será la comunidad energética de mayor implantación en el País Vasco”, afirma el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio. Se necesitará una inversión de 650.000 euros, de los que 385.000 euros se sufragará con fondos europeos Next Generation y provenientes de la Diputación y el ayuntamiento. Ya ha comenzado la campaña de captación de socios.
Otro tanto sucede, aunque a una escala menor, en Urnieta (315 placas para dar cobertura a 213 hogares) y en Andoain (267 placas y 180 viviendas). Y también funcionará para 175 familias del barrio donostiarra de Berio. Se prevé incluso crear la primera comunidad energética industrial en el polígono Azitain de Eibar para dar servicio a un total de ocho empresas. La lista de municipios interesados incluye a Ormaiztegi, Hernani, Pasaia, Errenteria, Irura, Olaberria, Getaria, Asteasu…
La aventura que en Zumarraga comenzó casi a ciegas y en plena pandemia, pero en menos de dos años se ha convertido en un referente para el resto de localidades de la zona. En abril de 2021 lanzaron una comunidad energética vecinal con el auxilio de las instituciones. El consistorio puso a su disposición las cubiertas de cinco edificios municipales (la grada del campo de fútbol, los tejados de la casa de cultura y de un edificio de viviendas sociales, la cubierta de unas escuelas y el techo de una cancha deportiva) para la instalación de 351 placas fotovoltaicas que suman 160 kilovatios de potencia. La Diputación guipuzcoana costeó una parte de la inversión, que ascendió a 191.000 euros.
Los vecinos asociados están encantados. Ángel Garmendia, de 55 años, es empleado en una depuradora de agua. Dice que “la experiencia está siendo muy positiva” en Zumarraga. Y añade: “Esto es muy simple, no hay ninguna trampa. Las ventajas se ven en el bolsillo. Yo pago mucho menos que hace un año y la tarifa se ha mantenido estable estos meses”. El diputado foral Asensio afirma que Zumarraga “supone un cambio de paradigma energético que cuantitativamente puede parecer menor, pero que a medio plazo será un gran avance en la apuesta que los poderes públicos debemos hacer por la autosuficiencia energética”. En esta localidad, los socios de la comunidad energética “están pagando menos por la factura de la luz”, asegura. Asensio apunta que la institución foral ha abierto líneas de financiación para replicar el modelo en todo el territorio.
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El sistema que se aplicará en estos municipios será el mismo que opera en Zumarraga. Los consistorios ponen a disposición de las comunidades energéticas las cubiertas de edificios públicos para instalar las placas solares. Las familias adheridas tienen que pagar una entrada de 150 euros en tres plazos y una cuota mensual siempre inferior a nueve euros (en Zumarraga abonan 6,5 euros al mes) para financiar la parte de la inversión que no cubren las instituciones. Cada socio recibe 0,5 kilovatios de potencia obtenida de las placas, el equivalente aproximadamente al 25% del consumo medio anual de una vivienda. El resto de la demanda se surte de la red eléctrica general.
La firma Edinor, una filial de Petronor, asume en Zumarraga la gestión y el acompañamiento técnico a los socios. Esta compañía será la encargada también de ofrecer el mismo servicio en las nuevas comunidades energéticas que se crearán en Gipuzkoa. En febrero pasado, sostiene Juan Diego, consejero de la citada compañía, “se consiguió una tarifa fija de 0,11 euros el kilovatio todo el año, cuando la media de 2022 estuvo en 0,29 euros. Agosto fue el mes más caro de la historia para la electricidad y los socios no lo notaron”. Lo confirma Garmendia: “No nos afecta la guerra de precios y las subidas del precio de la energía. Todo han sido facilidades”. Al realizar una compra mancomunada y con asesoramiento técnico, señala el diputado Asensio, “los precios que obtienen los vecinos y los comercios son mejores que los que obtendrían individualmente. Además, al tratarse de contratos anuales con las distribuidoras, la comunidad se beneficia de las mejores ofertas que haya en cada momento”.
Los hermanos Ane y Andoni Ayllon regentan una farmacia en el pueblo. Se apuntaron porque el consistorio abrió la oficina de información justo al lado de su negocio. “Fui un día a informarme y vi que había más ventajas que inconvenientes. La realidad ha sido así. Hasta la fecha, pagamos menos, apoyamos el uso de energías limpias y potenciamos que el dinero se quede en el pueblo. Es algo del pueblo para el pueblo”, comenta Andoni, de 45 años. “Incluso si no hubiese ahorro, estaríamos dispuestos a participar en este sistema”, añade. Los padres de Ane y Andoni no forman parte de la comunidad energética y han pagado en diciembre pasado un 12% o un 15% más que en el mismo mes de 2021. En cambio, la factura de los hermanos se ha abaratado un 10% aproximadamente en ese periodo, explica el farmacéutico. Conoce a conciudadanos que ahora están arrepentidos de no haber dado el paso y tienen que esperar a que el ayuntamiento habilite nuevos espacios para instalar más placas fotovoltaicas, una labor en la que ya están trabajando en el ayuntamiento.
Una aplicación en el móvil les informa de la energía que producen las placas solares, del consumo general y el de su propio domicilio. “La clave de este sistema es la confianza”, afirma Rosa Maiza, responsable del área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zumarraga. “Es importante tener una conciencia a favor del uso de las energías verdes, pero el éxito ha estado en el grado de satisfacción que están mostrando los vecinos. Ha sido muy laborioso, pero está mereciendo la pena. Y estamos recibiendo muchas consultas de otros pueblos interesados en esto”, agrega.
La localidad guipuzcoana de Zumarraga, a 58 kilómetrgos de San Sebastián, se ha convertido en nuevo ejemplo de expansión de las energías renovables. Igual que las placas solares son utilizadas para construir megaparques fotovoltaicos o cubrir tejados de particulares, también están impulsando nuevas formas de organizarse entre los ciudadanos en comunidades energéticas como la que funciona en este pueblo de 9.800 habitantes desde 2021. En Zumarraga ya son 178 hogares los que están evitando la emisión de 675 toneladas anuales de CO₂, el equivalente a plantar 2.700 árboles.
Zumarraga es la primera comunidad ciudadana de Euskadi que ha puesto en marcha este sistema de autoconsumo compartido de energía. En España hay 74 proyectos similares acogidos al programa CE Implementa que impulsa el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El Ministerio para la Transición Ecológica ha destinado 40 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation, a estas iniciativas y ha lanzado otras dos convocatorias, que suman otros 40 millones, abiertas hasta el 13 de febrero. Además, otros 20 millones se otorgarán para asesorar a los interesados en crear comunidades. En total, el ministerio está ejecutando 100 millones en apoyo a estas actuaciones que el director general del IDEA, Joan Groizard, considera “una solución renovable, económica, democrática y participativa”.
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